La Consejería de Salud de Andalucía se ha comprometido con los farmacéuticos comunitarios a desarrollar su papel dentro del sistema sanitario público de la comunidad. Lo hizo, como adelantó correofarmaceutico.com, con el anuncio del consejero Aquilino Alonso de un «convenio de colaboración para la promoción de la salud de los ciudadanos andaluces», que esperan firmar este mes de junio con el Consejo Andaluz de COF. «Estamos preparando un convenio con los farmacéuticos, prácticamente ya cerrado, que incluye áreas de colaboración en formación continuada, investigación, asesoría y estrategias con los centros sanitarios para la atención integral a la población. Las líneas de trabajo que contempla el acuerdo se centran en la contribución del sector farmacéutico andaluz a la sostenibilidad y la calidad del sistema sanitario público de Andalucía, en el desarrollo profesional y en la complementación de la atención primaria», afirmó.

La pregunta es si será este convenio el que dé cabida al desarrollo asistencial de la farmacia andaluza.

CONCURSO PARA RESIDENCIAS
Está pendiente de publicarse en las próximas semanas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) las condiciones de licitación para que una farmacia pueda suministrar a una residencia que, como ha venido adelantando este periódico, en esta autonomía ahora se adjudicará por concurso. Este baremo primará que la oficina esté dentro de la misma UTF (unidad territorial farmacéutica) y su distancia al centro -como se esperaba-, su nivel asistencial (presencia en el centro, frecuencia de suministro…) y, en menor medida, antigüedad y expediente académico.

Contará también en dicho baremo que la farmacia tenga acreditada la elaboración de sistemas personalizados de dosificación (SPD) y qué precio le ponga cada titular a este servicio. Llaman la atención de este objetivo de la Administración andaluza dos aspectos: por un lado, la relevancia que se quiere dar al servicio de SPD dentro de las residencias y que, explican fuentes profesionales, podría servir de pilotaje para una posible extensión al resto de pacientes de la región. Por otro lado, implicaría que, como ya se hace con medicamentos en atención primaria, Andalucía también estaría subastando el servicio de SPD a residencias, concediéndoselo a la botica que lo preste a un menor coste para el sistema.

No obstante, existe otra arista en este asunto, si cabe, más relevante. La Administración andaluza ha puesto sobre la mesa también que sean los médicos los que indiquen qué pacientes institucionalizados son los que necesitarían el SPD, lo que implica una prescripción del servicio y, como opinan fuentes profesionales, sería un gran paso adelante que otro sanitario, que no sea el farmacéutico, indique para qué pacientes es necesario este sistema de mejora de la adherencia.

Fuente: Correo Farmacéutico

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